La institución dirigida por Ángel Gabilondo expone tal situación en una carta dirigida al CERMI, que se había interesado por la actualización de ese seguro obligatorio.

 

El Defensor del Pueblo indica que ya pidió información al respecto al CSD el 10 de junio de 2019 tras la queja planteada por el CERMI, pero señala que “hasta la fecha no se ha recibido respuesta” por parte de este organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, pese a haberla requerido tres veces más: el 21 de noviembre de 2019 y el 13 de febrero y el 16 de diciembre de 2020.

 

“Es evidente la falta de colaboración de ese Consejo Superior de Deportes. En el último requerimiento se incluyeron unas severas advertencias a la Administración, informándole del contenido de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo”, apunta la misiva, a la que tuvo acceso Servimedia.

 

No obstante, el Defensor del Pueblo subraya que da “por finalizada” la investigación porque “no puede impartir instrucciones, dar órdenes ni sustituir a las administraciones públicas en sus obligaciones”. “Tampoco puede tomar más medidas que las ya adoptadas y de las que ha dejado constancia en el informe anual que se envía a las Cortes Generales”, añade.

 

La institución comandada por Gabilondo reitera que “esta falta de colaboración también ha sido ampliamente reflejada en la página web del Defensor del Pueblo, para general conocimiento”.

 

Sin embargo, recalca que el Defensor del Pueblo “no ha olvidado este asunto” e indica que el anteproyecto de reforma de la Ley del Deporte, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de diciembre, incluye como derecho de los deportistas federados “la cobertura, a través del seguro correspondiente, de los accidentes que puedan ocurrir en el desarrollo y practica de la actividad deportiva, incluyendo los viajes y desplazamientos organizados en el seno de la federación deportiva, de acuerdo a lo que se establezca reglamentariamente".

 

“Es por ello que esta institución valorará, una vez aprobada la norma legal, la procedencia de una actuación de oficio sobre la acomodación de la norma reglamentaria a la necesidad de garantizar una adecuada cobertura aseguradora de nuestros deportistas”, concluye.

 

Fuente: Servimedia